Es verdad que existe una ley que dispone que un 3% de los puestos de trabajo de los organismos públicos se destinen a las personas con discapacidad. Es un mecanismo que se usa en muchos países para abrir oportunidades a las personas con menores opciones de incorporarse al mercado laboral.
Si rastreamos todas las instituciones, especialmente las Regionales y Provinciales, comprobamos que todas han hecho caso omiso de la legislación vigente, porque en su parroquia seguramente los discapacitados han sido excluidos, como los excluimos ancestralmente.
Tampoco los encontramos en los Municipios Distritales, ni en general, en ninguno de los organismos estatales, y esto sucede precisamente cuando tenemos un parlamentario liberteño con discapacidad motriz, que sin embargo ha olvidado los compromisos que adquirió con un colectivo que quiso verse representado en él.
Vivimos en un vaivén de discriminaciones, donde una persona que ha perdido una pierna difícilmente encuentra empleo en una empresa, aunque sus facultades, conocimientos y experiencia lo hagan idóneo para el puesto. Cuánto más difícil resulta encontrar empleo para un invidente, para un sordo, lo cual sin embargo, gracias a un mecanismo natural de compensación, lleva al individuo al desarrollo de otras facultades de forma muy aguda.
Dado que los organismos burlan la legislación, existe una legislación adicional que prevé sanciones, que parecen no importar a los titulares de los distintos organismos, porque a fin de cuentas, las sanciones las pagarán con nuestro dinero, las pagaremos todos.
Para seleccionar el personal de serenazgo, César Acuña se ha saltado la legislación que favorece a los reservistas; para contratar en el municipio, se ha olvidado de los discapacitados, porque en realidad se trata de personas con circunstancias socioeconómicas muy distintas, donde resulta difícil articular un movimiento sólido que luche por sus intereses.
Así pues, pese a que sobre el papel la ley los favorece, en la práctica, cuando los políticos abusan del clientelismo político, el colectivo no resulta rentable a las mezquindades políticas de nuestros políticos tradicionales.
Una de las tareas que parecen haber olvidados nuestros legisladores, supuestamente muy ocupados en las comisiones de lucha contra la corrupción, es su tarea fiscalizadora. Los legisladores no sólo dictan las leyes, sino que deben permanecer vigilantes de su correcto cumplimiento.
Viviendo en Barcelona donde tuve la suerte de proseguir mis estudios universitarios, pude ver que a diferencia de tantos países, existe la Organización Nacional de Ciegos de España, ONCE, cuyos miembros son todos discapacitados, y gestionan una lotería que los provee de los recursos necesarios. De esta forma se han ganado un sector donde todos los empleos son suyos, aunque compitan con las loterías nacionales.
No basta pues con legislar con buenas intenciones, con fiscalizar; sino que es necesario proveer alternativas reales, financiadas y diseñadas para resolver los problemas, en este caso, de las personas con discapacidades.
No podemos permitir que nuestros organismos más representativos se burlen de la ley y de un colectivo, al que visto de cierta manera, todos transitamos en algún momento de la vida. En consecuencia no basta reconocer la discapacidad en una ley sino actuar en la mejora continua de sus facultades especiales.
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