Cuando el Dr. Alejandro Toledo propuso “discutir la despenalización del consumo de drogas”, la derecha con callos en el cerebro -que a veces parece extinta-, recobró sus fuerzas para oponerse al unísono no a una ley, ni siquiera a un proyecto; sino a un debate, a una discusión de ideas y propuestas, en un marco histórico en el que tenemos que reconocer nuestro fracaso en la lucha contra el narcotráfico, cuando arrastramos la posibilidad de colombianizar nuestro país.
Dado que nuestros políticos insisten en ver al drogodependiente, al toxicómano como un delincuente, su rehabilitación se encuentra totalmente abandonada por parte del Estado. Se les trata como a los leprosos en la Edad Media, confinándolos en centros informales, que carecen de los medios materiales y humanos para desarrollar un tratamiento integral. Generalmente dirigidos por antiguos toxicómanos, estos centros no reciben ninguna ayuda de gobierno local, regional y nacional (el PRONAA).
Cuando una familia se enfrenta al hecho de que uno de sus miembros ha caído en las redes de la droga, no encuentra ninguna ayuda pública ni privada. Siempre que la familia decide recluir al afectado en un centro de rehabilitación, cuando es mayor de edad, incurre en una modalidad peculiar de secuestro, en la medida en que priva de la libertad al toxicómano, contra su voluntad; sin prescripción de un médico ni orden de un juez.
Para los narcotraficantes es una buena noticia que no seamos capaces de rehabilitar a los toxicómanos, porque así, en cuanto salga del centro, volverá a contarlo entre sus clientes. Por eso es que los narcocandidatos no quieren discutir nada relacionado con las drogas, porque nunca ha ido tan bien el negocio de la droga como bajo el gobierno alanista y su sequito.
La despenalización del consumo se encuentra vigente en toda Europa. Pero el gobierno alanista ha sido sumiso a los dictados de la DEA. En Estados Unidos, en efecto, está penalizado el consumo, cada vez con mayor dureza. El resultado es que siguen a la cabeza en el consumo mundial de cocaína por habitante, y se encuentran entre los países con más presos por habitante, sólo superados por China. No es pues, un buen modelo, pero es el que seguimos sin discutirlo siquiera.
En el Perú nadie entra en prisión por consumo, simplemente lo ‘arregla’ con el sereno de turno. Pero lo más grave es que la criminalización del drogadicto lo deja en una situación de indefensión frente a la autoridad policial. En lugar de perseguir a los consumidores, nuestras fuerzas policiales deben concentrarse en capturar a los grandes capos, a quienes manejan el negocio desde lo más alto.
El primer problema de salud de nuestra juventud es la drogadicción, reconocerlo implica poner en marcha los mecanismos necesarios para curarlo y prevenirlo, dentro del ámbito no de la comisaría, sino de los sistemas sanitarios.
Este complejo problema de drogadicción y salud que enfrentan, hoy en día, los jóvenes en un Perú avanzando en la producción y exportación de cocaína. Pero también en su consumo.
Remembrando pretéritas reuniones, presididas en mi calidad de Prefecto Regional y representante del presidente de la República de esa de esa época, con todas las autoridades regionales; Presidente regional, Presidente de la Corte de Justicia, Alcalde Provincial, el Fiscal Decano, General de la Policía, General del Ejército y Jefe de Capitanía del puerto de Salaverry. Deliberadamente e Imperativamente aquí y ahora me pronuncio que los municipios deben jugar un papel primordial en la atención a los drogadictos y no ajenos a un problema que nadie quiere atender, porque afecta a los más débiles, a aquellos que han perdido su voluntad.
El poder legislativo debe modernizar la ley de municipalidades haciéndola más incluyente y más dinámica.
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